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EL PAPEL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS FRENTE A LA LEY 23 DE 2015

El papel de las entidades financieras en el ámbito de la prevención y lucha contra el delito blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva ha adquirido progresiva relevancia en el mundo entero.

Con este propósito, se ha elaborado a nivel internacional, un marco regulatorio que genera a las entidades financieras una serie de obligaciones de debida diligencia frente a este fenómeno criminal. Dentro de estas labores destacan:

  1. El conocimiento;
  2. El monitoreo; y,
  3. El control de las transacciones que realizan los clientes.

Los deberes a los que está sujeta toda institución financiera, en términos de prevención de estos delitos son diversos. Éstos suponen el despliegue de una variedad de políticas, procedimientos y mecanismos para cumplir con las labores antes mencionadas, de manera eficiente y certera. Se desprende entonces la obligación de implementar un sistema adecuado de prevención en el seno de las instituciones financieras.

En Panamá las entidades financieras, no escapan de esta realidad. Es por ello que a raíz de las inspecciones realizadas por organismos internacionales, que dejaron al descubierto debilidades y falencias en el combate de estos flagelos, nuestro país aprueba la Ley 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.

Esta norma, deroga o deja sin efecto la Ley 42 de 2000, que hasta la fecha regía en materia de prevención del blanqueo de capitales; además de imponer significativos retos y nuevas obligaciones para las entidades financieras. Estas obligaciones son un compromiso de gran envergadura para cada uno de los sujetos regulados.

De cara a esta nueva ley, se inicia un cambio radical en la forma que las entidades financieras del Sector Valores realiza sus funciones de prevención, dando pie a un “enfoque basado en riesgo” que presupone desde la implementación de sistemas automatizados de monitoreo, hasta una detallada categorización de los clientes, con base en factores de medición objetivos que varían de cliente en  cliente.

Sin embargo, a pesar del uso de herramientas tecnológicas, la principal arma con que debe conta cualquier entidad financiera es un equipo de colaboradores preparados y capacitados para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y (ahora) el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Así, es deber de todos los colaboradores crear una conciencia de prevención. Lo anterior, puesto que de forma errónea se considera que esta titánica labor debe ser ejecutada únicamente por el Área de Cumplimiento; sin embargo, es trabajo de todos.

De igual forma, como herramienta de batalla existen las políticas, procedimientos y normas internas que proveen a la entidad de lineamientos claros. Las mismas se encuentran consignadas en los siguientes cuerpos normativos:

  1. El Código de Ética y Conducta; y,
  2. El Manual de Prevención.

Dicho esto, como sujetos financieros obligados al cumplimiento de la Ley 23 de 2015, y en general como país, debemos comprometernos en esta importante lucha para con nuestro trabajo aportar y cooperar para mitigar la proliferación e impacto de estos tres delitos.

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